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Por Gabriel Moyssen
La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de colocar sus intereses ideológicos por encima del desarrollo y la unidad regional amenaza con llevar al estancamiento a la Alianza del Pacífico, después de su negativa a entregar la presidencia pro tempore del grupo a Perú en rechazo al gobierno de Dina Boluarte Zegarra.
Si algo caracteriza a López Obrador en su último trienio luego de mantener un perfil bajo y aislacionista es la apertura de conflictos diplomáticos y comerciales que van desde las disputas con Estados Unidos en energía, maíz transgénico y narcotráfico hasta la “pausa” en las relaciones con España o calificar de “espuria” a la administración de Boluarte, violando los mecanismos de la Alianza del Pacífico, el bloque formado con Perú, Chile y Colombia que aporta 41% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe y que, irónicamente, sus propios funcionarios presumían como un modelo de cooperación.
En el caso que nos ocupa, la crisis empezó una vez que en noviembre pasado López Obrador anunció la cancelación de la XVII Cumbre de la Alianza del Pacífico en México, debido a que el Congreso peruano no autorizó la salida del presidente Pedro Castillo Terrones, quien recibiría la dirección pro tempore del grupo. El mandatario mexicano habló de buscar una fecha para que la reunión se efectuara en la nación andina, pero el 7 de diciembre, acosado por múltiples cargos judiciales que hacían insostenible su gobierno, Castillo intentó un golpe de estado que llevó a su destitución y reemplazo por la entonces primera vicepresidenta Boluarte.
Como es bien conocido, ante la debilidad de los jefes del Ejecutivo peruanos, presas de un sistema que favorece al fraccionado Legislativo unicameral -que puede destituir al presidente sin una causa clara y donde los fujimoristas de Fuerza Popular tienen mayoría- López Obrador arropó a Castillo desde que el izquierdista asumió en 2021 en Lima. Mientras que en el país sudamericano muchos descartaban que pudiera terminar su periodo de cinco años, ante las denuncias por organización criminal, tráfico de influencias y colusión exacerbadas por una prensa hostil que para el ex maestro de primaria equivalían a un “golpe de estado”, México le envió asesores de la Secretaría de Hacienda para mejorar su estrategia económica, golpeada por el Covid-19, el alza de los combustibles y fertilizantes por la invasión rusa a Ucrania y protestas en el sector clave de la minería.
Sin consultas
Desde entonces, López Obrador, quien dijo que “consultaría” sobre el asunto a los otros socios de la Alianza del Pacífico -cuyo lema es “el poder de la integración”- se ha negado al traspaso de la presidencia pro tempore, que debió darse a más tardar el 23 de enero, y sigue reconociendo a Castillo como el líder legítimo del Perú, postura compartida por Colombia, Argentina y Bolivia. La defensa de Castillo sostiene que su cliente padece problemas de salud mental y teme ser envenenado en el penal de Barbadillo, donde también se halla el ex presidente Alberto Fujimori y donde apenas el 24 de abril arribó extraditado de EU otro ex mandatario, Alejandro Toledo, por cargos de corrupción y lavado de dinero en el escándalo Odebrecht.
El 11 de abril, el gobierno de Boluarte, que declaró persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa en diciembre ante la continua injerencia de López Obrador y el asilo que otorgó a la familia de Castillo, planteó realizar formalmente la consulta y advirtió que no entregar la presidencia pro tempore acarrearía “responsabilidad internacional” a México, en referencia a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que establece que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.
Un comunicado de la cancillería peruana añadió que “los cuatro Estados miembros debemos preservar a la Alianza del Pacífico como un mecanismo de integración económica-comercial sin politizaciones y así continuar generando oportunidades para el comercio, las inversiones y la cooperación, en beneficio de nuestros ciudadanos”.
Sin embargo, López Obrador ya ha dado muestras de su necedad y desprecio por la legalidad cuando no empata con sus creencias personales. Ni siquiera hubo una respuesta al reclamo peruano, al aferrarse a una posición que contrasta con las que México sigue en otros escenarios y con las palabras del canciller Marcelo Ebrard, cuando en el Consejo de Ministros del bloque regional, en noviembre, afirmó que “la alianza funciona. Las alianzas que no funcionan no tienen solicitudes de ingreso y hoy casi toda la sesión fue para escuchar a los países que quieren formar parte de nuestra alianza (…) Costa Rica, Ecuador, Canadá, Corea del Sur, Singapur y Honduras, esa fue la materia el día de hoy. Hay una expansión acelerada de la alianza, es un éxito”.
A su vez, en una cumbre empresarial paralela, Raquel Buenrostro, secretaria de Economía mexicana, destacó que los cuatro socios del grupo recibieron casi 60 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa. En apoyo al ingreso ecuatoriano, Germán Umaña Mendoza, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, confió en que México y Quito concluirán en breve la negociación de un acuerdo bilateral de libre intercambio, requisito para que Ecuador se incorpore como miembro pleno.
Cabe apuntar que la represión a las protestas por la caída de Castillo ha sido una de las mejores justificaciones que López Obrador esgrimió para sostener su política. Hasta mediados de abril el recuento de muertos llegaba a 69, de los que 50 fueron atribuidos a ejecuciones extrajudiciales según la Asociación de Brigadistas Voluntarios de Perú; Amnistía Internacional acusó a las autoridades de un “marcado sesgo racista”, ya que la mayoría de las víctimas se reportaron en zonas pobres e indígenas del país que votaron por Castillo.
Ruptura definitiva
Incluso Josep Borrell, alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, manifestó que habrá una “ruptura definitiva” entre la clase política y la ciudadanía si el gobierno continúa ignorando los reclamos populares. “Si no se escucha esa demanda, si no se hacen reformas, si no se toman medidas, se va a romper definitivamente el vínculo entre los representantes políticos y la sociedad. Es momento de evitar cortoplacismos tácticos y juegos de poder y pensar en el futuro del pueblo peruano”, aseveró Borrell ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
En la misma sesión, la eurodiputada Isabel Santos dijo que la crisis es sólo “la punta del iceberg” de problemas que se remontan a décadas como la corrupción endémica, el centralismo de Lima, la pobreza estructural y el abandono del pueblo por la elite política. Borrell y los legisladores insistieron en que la solución pasa por elecciones anticipadas este año como ha propuesto Boluarte, aunque hasta ahora el Congreso peruano insiste en que los comicios tendrán lugar en abril de 2024.
Ricardo Sánchez Serra, vicepresidente de la Federación de Periodistas del Perú, expresó a MUNDO INTERNACIONAL que en su país algunos señalan que la posición de López Obrador también parte de razones internas debido al proceso electoral en México de 2024, “pero a los peruanos no nos interesa, ni son válidas esas razones”.
Destacó que a diferencia del mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien por razones ideológicas se sumó a López Obrador, el chileno Gabriel Boric “sí ha mostrado la postura real y justa de que se entregue la presidencia pro tempore a Perú”, pero las decisiones en la Alianza del Pacífico se toman por unanimidad. En el Perú, expuso, hay propuestas para acudir a la Corte Internacional de Justicia e incluso de abandonar la agrupación, si bien esta última se descarta por la eficacia del mecanismo de integración comercial que representa ya la octava economía del mundo.
Lo positivo -resaltó Sánchez Serra, también doctor Honoris Causa en Derecho Humanitario- es que el Consejo Empresarial de la alianza se encuentra trabajando con normalidad. “Hay que evitar que la alianza se politice, porque le va muy bien en el ámbito político y de exportación”, aseguró.